¿Cómo se financia la educación en Argentina? Boletín de novedades educativas N° 112

Un resumen de la entrevista:

-Fundación Lúminis:- ¿Qué temas centrales aborda el informe que realizaron sobre el financiamiento educativo?

– Agustín Claus:- El informe aborda 3 ejes del financiamiento educativo:

El primer eje  es el de la apropiación de los recursos por parte del Estado, tanto nacionales como provinciales, para la asignación de esos recursos respecto del financiamiento educativo.  El segundo eje aborda la estructura educativa en Argentina bajo un esquema federal y descentralizado. Es decir, tanto el Estado nacional como  las 24 jurisdicciones provinciales, ya que estas tienen responsabilidad en el cofinanciamiento de la educación obligatoria – no universitaria. El tercer eje pone la lupa sobre la inequidad y la desigualdad entre las distintas jurisdicciones provinciales respecto a la inversión educativa

-FL:- ¿Qué analizaron sobre el gasto en educación de estos últimos años y la tendencia un poco más a largo plazo?

-AC:- El esquema de análisis que se planteó para la inversión en educación se realizó respecto del federalismo fiscal educativo. Es decir, analizamos por un lado la composición y la estructura de la inversión a cargo del Estado Nacional y, por otro lado, el de las jurisdicciones provinciales. Ambos son bien distintos, porque el Estado Nacional tiene mayores márgenes de discrecionalidad para la asignación de los recursos en términos de las políticas educativas, en función de cada administración del Gobierno. Esto es en términos de poder priorizar, en función de las definiciones institucionales, qué políticas son implementadas. Paralelamente cuando uno corre la lupa hacia las jurisdicciones provinciales, lo que ve es que tiene una estructura mucho más concentrada en los salarios docentes, situación  que las deja con menores márgenes de discrecionalidad para reasignar los recursos.

-FL:- En el informe mencionan la flexibilidad y la rispidez de los diferentes presupuestos. ¿A qué se refieren?

-AC:-  La clasificación que planteamos en el informe es respecto a la posibilidad de cómo priorizar las políticas. Es decir, al tener los recursos disponibles para las políticas educativas, como puede ser  la de formación docente, financiamiento de becas, equipamiento e infraestructura escolar, el Estado Nacional tiene un  margen de discrecionalidad desde el que  prioriza, cada año, decisiones en función de las necesidades que identifica. Eso permite  un margen de acción mucho más flexible en términos de la asignación, que es  la situación contraria de la que se observa en las jurisdicciones provinciales.

-FL:- ¿Cómo estamos respecto a la famosa meta del 6% del PBI que establecía la Ley de Educación Nacional  y la Ley de Financiamiento Educativo?  ¿Qué quiere decir esa meta y cómo se ha dado su cumplimiento en los últimos años?

-AC:- El tema de la meta de inversión fue una estrategia que se impulsó en los últimos 15 años en la estructura del financiamiento educativo en la Argentina. Es una estrategia para asignar mayores recursos al financiamiento educativo. A su vez, esa meta también está dada en función del esquema del federalismo fiscal, porque tanto la Nación como las provincias tienen una exigencia de asignar recursos de forma progresiva con tal de alcanzar, de manera conjunta, ese 6% del producto bruto interno. Uno de los temas de este último informe respecto de la composición y de las implicancias para cada nivel de Gobierno es el  del aporte para la contribución del cumplimiento de la meta. La  la Ley de Financiamiento, en términos de incrementar recursos, durante el período 2005  –  2010,  constatamos que  fue cumplida. Lo que se observa, desde el 2010 hasta la actualidad, es que ese 6% del PBI destinado exclusivamente a la educación, se incumple de manera sistemática. La única  excepción es la del año 2015.