Desigualdades territoriales en la Argentina. Insumos para el planeamiento estratégico del sector educativo

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En los últimos años, la Argentina ha avanzado significativamente en generar los instrumentos normativos para garantizar el derecho a la educación para todos sus habitantes.
El marco normativo para garantizar el derecho a la educación para todos los niños/niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el país es necesario, pero no suficiente. La Argentina es un país con muy altas disparidades territoriales sociales y económicas, tanto entre las jurisdicciones como al interior de las mismas. Estas desigualdades son de una magnitud muy superior al promedio de las brechas regionales en los países europeos, con el agravante de que el nivel de base –en la mayoría de los indicadores sociales frecuentemente utilizados– es, a su vez, muy bajo.
En pocas palabras, la Argentina enfrenta una situación de desigualdad relativa territorial con fuerte exclusión social y altos niveles de pobreza absoluta, muchos de los cuales se concentran en ciertas áreas territoriales particulares, y ello obliga a adoptar estrategias que traduzcan los marcos normativos en programas de acción.

En los últimos años, la Argentina ha avanzado significativamente en generar los instrumentos normativos para garantizar el derecho a la educación para todos sus habitantes.
El marco normativo para garantizar el derecho a la educación para todos los niños/niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el país es necesario, pero no suficiente. La Argentina es un país con muy altas disparidades territoriales sociales y económicas, tanto entre las jurisdicciones como al interior de las mismas. Estas desigualdades son de una magnitud muy superior al promedio de las brechas regionales en los países europeos, con el agravante de que el nivel de base –en la mayoría de los indicadores sociales frecuentemente utilizados– es, a su vez, muy bajo.
En pocas palabras, la Argentina enfrenta una situación de desigualdad relativa territorial con fuerte exclusión social y altos niveles de pobreza absoluta, muchos de los cuales se concentran en ciertas áreas territoriales particulares, y ello obliga a adoptar estrategias que traduzcan los marcos normativos en programas de acción.