Su objetivo central es generar diálogos informados y consensos para garantizar una inversión educativa
adecuada, justamente distribuida y utilizada con eficiencia. En esa dirección, sus actividades incluyen la
generación de redes de trabajo entre organizaciones de distintas provincias, con el fin de discutir estrategias
para incidir en aumentar y mejorar la calidad de la inversión educativa.
La sanción de la Ley No 26.075 de Financiamiento Educativo en Diciembre de 2005 estableció la meta de alcanzar
el 6% de la participación del PBI destinado a Educación, Ciencia y Tecnología. En el contexto del federalismo
argentino y luego de la transferencia de servicios educativos nacionales de los años `90, las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad de Buenos Aires tienen a cargo el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto
educativo consolidado, como responsables directas de la gestión de la educación no universitaria. Por ello
resulta central monitorear los esfuerzos que realizan año tras año las provincias para garantizar la inversión
educativa como mecanismo clave para cumplir con las distintas condiciones necesarias para el ejercicio del
derecho integral a la educación.
Pese a la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, muchas jurisdicciones siguen atravesando situaciones críticas que en algunos casos se manifiestan en conflictos docentes. Además de atender las demandas específicas de los docentes, creemos necesario ampliar la mirada y mostrar las relaciones estrechas del financiamiento educativo con la igualdad y la calidad de la educación. Creemos firmemente que una postura constructiva implica apoyar a los docentes, al Estado a nivel nacional y provincial y a la sociedad en su conjunto, a través de un análisis claro y concreto de las distintas variables intervinientes para lograr los objetivos que se propuso la Ley de Financiamiento Educativo.
Propuesta del
Grupo “Compromiso con el Financiamiento Educativo”:
1) Trabajar en la elaboración de un instrumento de calidad técnica y creatividad comunicativa para aportar más elementos a las discusiones presupuestarias por la educación en cada jurisdicción. Para ello ha elaborado el Barómetro del Financiamiento Educativo, como una herramienta novedosa que tiene los siguientes objetivos:
- Sistematizar los indicadores de influencia política directa sobre el financiamiento educativo y medir año tras año su evolución en todas las jurisdicciones.
- Difundir los resultados ampliamente, para generar consensos sobre los esfuerzos que realizan las provincias y sobre las responsabilidades estatales asumidas para garantizar el derecho a la educación mediante el financiamiento público.
2) Informar y comunicar sobre el accionar del grupo
3) Impulsar la articulación de mesas de dialogo en el interior del país, que centralicen redes y/o organizaciones de la sociedad civil provinciales que trabajen en proyectos educativos.
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